La incoherencia de las conclusiones del Abogado General del TJUE sobre el acuerdo pesquero Marruecos-UE

El abogado general del Tribunal de justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió el miércoles una segunda opinión abogando por la invalidación del acuerdo pesquero Marruecos-UE, en total contradicción con la política europea hacia Marruecos.
La opinión del Fiscal del ECJ en respuesta a una pregunta presentada al Tribunal Superior de Londres por una oficina instalada en el Reino Unido conocida por estar entre los defensores de las tesis separatistas del Frente Polisario y Argelia, tiene una fuerte connotación política más que jurídica.
Pero según los observadores internacionales, esta opinión tiene un alcance limitado, dado que la última palabra la dirigen los jueces del TJUE y las autoridades de la UE, cuya asociación densa, que se ha mantenido durante más de 50 años con Marruecos, no se limita solo al sector de pesca.
Según los mismos observadores, es más bien la población de las provincias del sur del Sahara marroquí la que sufrirá más si no se llega a un acuerdo, la contraparte financiera europea beneficia en gran medida a la región en términos de inversión, empleo y desarrollo socioeconómico.
Este es también el caso de la flota pesquera de muchos países miembros de la Unión Europea que reclaman la renovación del acuerdo de Pesca con Marruecos.
Además, no más tarde del lunes 8 de enero, la Comisión Europea solicitó formalmente al Consejo de la UE la autorización para negociar con Marruecos la renovación del acuerdo pesquero de 2014 que expira en julio de 2018.
Por cierto, la Comisión Europea ha confirmado oficialmente, en un informe reciente basado en estudios sobre el terreno, que el acuerdo de pesca genera muchos beneficios socioeconómicos importantes para las poblaciones del Sáhara, lo que contribuye a la mejora sustancial del nivel de vida.
Al sugerir la invalidación de este acuerdo, el consejo general del TJUE parece nadar contra la corriente de la verdadera voluntad de la comunidad europea, su cohesión y sus intereses económicos y geoestratégicos.
Como recordatorio, el mismo Abogado General emitió un dictamen similar en septiembre de 2016 y fue desautorizado por los jueces del TJUE que, en su veredicto final, concluyeron a la legalidad de los acuerdos entre Marruecos y la UE y la inadmisibilidad de los remedios del Polisario.